Varios colectivos ecologistas de Tenerife trabajamos conjuntamente y presentamos una queja formal ante la Dirección General de Medio Ambiente.

La amenaza urbanística sobre la Montaña de Guaza, en Arona, ya está en manos de la Comisión Europea. Varios colectivos ecologistas de Tenerife trabajamos conjuntamente y presentamos una queja formal ante la Dirección General de Medio Ambiente para pedir la paralización de cualquier licencia vinculada a los proyectos urbanísticos previstos en Palm-Mar.

La queja advierte de que estas actuaciones podrían afectar a especies en peligro de extinción, hábitats de interés comunitario y espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000. También ha sido trasladada al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, para que todas las administraciones competentes tengan constancia formal de los hechos denunciados.

Dos proyectos en un espacio protegido

La denuncia se dirige contra dos proyectos previstos en la ladera de la Montaña de Guaza: The Cliff, de la promotora belga Los Menceyes Properties, y Edificio Gara, de Metrovacesa.

Ambas parcelas se sitúan parcialmente dentro del Monumento Natural Montaña de Guaza y de la Zona de Especial Protección para las Aves Rasca y Guaza, espacios incluidos en la Red Natura 2000. Por eso, desde los colectivos firmantes reclamamos que estos proyectos no avancen sin una evaluación adecuada de sus efectos sobre el espacio protegido.

Según la queja presentada, ninguno ha sido sometido a la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 que exige la Directiva Hábitats cuando existe posibilidad de afección significativa.

Especies amenazadas y hábitats de interés comunitario

Los informes científicos que respaldan la queja señalan impactos graves sobre flora, fauna, hábitats, geología y valores paisajísticos.

La zona afectada alberga comunidades vegetales del tabaibal-cardonal, un hábitat de interés comunitario, así como numerosos taxones endémicos de Tenerife, Canarias y la Macaronesia.

Entre las especies más sensibles se encuentra la pimelia tinerfeña costera, un escarabajo endémico de Tenerife catalogado en peligro de extinción. También se señala la presencia del lagarto gigante de Tenerife, del que sobreviven apenas dos poblaciones en toda la isla, una de ellas situada muy cerca de las obras previstas.

En cuanto a las aves, los informes confirman nidos de pardela cenicienta directamente en la zona de obras, además de otras especies protegidas vinculadas a la ZEPA Rasca y Guaza.

Una ladera que no necesita intervención

Los informes incorporados a la queja también analizan la situación de la ladera de la Montaña de Guaza. Según sus conclusiones, se trata de un sistema estabilizado que no representa riesgo para personas ni infraestructuras.

Sin embargo, las intervenciones previstas —como cementación, mallas metálicas y hormigonado de grandes superficies— podrían alterar de forma irreversible el régimen hídrico, la dinámica geomorfológica y los valores paisajísticos y patrimoniales del enclave.

Por eso, los informes concluyen que la opción más segura y técnicamente justificable es la no intervención.

Qué solicitamos

Los colectivos firmantes exigimos a las administraciones competentes la paralización de cualquier tramitación de licencias vinculada a estos proyectos urbanísticos en la Montaña de Guaza.

Antes de adoptar cualquier decisión autorizatoria, debe realizarse una evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000. Sin esa garantía, permitir nuevas construcciones en este espacio supondría un retroceso grave en la protección ambiental alcanzada durante décadas. Autorizar desarrollos urbanísticos sin las garantías ambientales necesarias en zonas protegidas debilita la conservación del territorio y abre la puerta a nuevos precedentes.

La Montaña de Guaza es uno de los enclaves naturales costeros mejor conservados del sur de Tenerife. Su valor ecológico, geológico, paisajístico y patrimonial exige una protección efectiva, no solo sobre el papel.

Desde los colectivos firmantes seguiremos trabajando conjuntamente para exigir la paralización de estos proyectos, la aplicación del principio de precaución y el cumplimiento real de la normativa ambiental europea.