Cada día, millones de litros de aguas residuales se vierten al mar en Canarias. Un problema crónico que lleva décadas sin resolverse y que, lejos de mejorar, se agrava año tras año.

A pesar de la creciente preocupación ciudadana, las soluciones siguen sin llegar al ritmo necesario. Lo que está en juego no es solo nuestra costa, sino también la salud pública y la biodiversidad marina.

Sistema de saneamiento

La raíz del problema está en la infraestructura de saneamiento de las islas, que no ha sido capaz de evolucionar al mismo ritmo que lo ha hecho la población y la demanda. En muchas zonas del archipiélago —especialmente en entornos rurales, núcleos antiguos o áreas urbanas mal planificadas— directamente no existe una red de alcantarillado adecuada. En otros casos, las depuradoras sí están presentes, pero no tienen capacidad para tratar todo el volumen de aguas residuales que reciben.

Esta situación empeora considerablemente en épocas de lluvias intensas o en momentos de alta demanda. Cuando esto ocurre, las plantas de tratamiento no pueden procesar toda el agua entrante y se libera el exceso sin tratar directamente al mar a través de los emisarios submarinos. Este procedimiento, aunque debería ser excepcional, se ha convertido en una práctica habitual debido a la saturación estructural del sistema.

Vertidos sin control

El problema no es solo la cantidad de vertidos, sino también la falta de control sobre ellos. Según datos del Gobierno de Canarias, más del 70% de los vertidos al mar no cuentan con autorización ambiental vigente. Esto significa que no están sujetos a seguimiento, evaluación ni planes de mejora. En la práctica, se vierten aguas contaminadas sin control ni garantías, con un alto contenido de bacterias, nutrientes, residuos sólidos y otras sustancias perjudiciales para el medio marino y la salud humana.

Uno de los casos más visibles es el de Playa Jardín, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. Esta playa, muy frecuentada por vecinos y visitantes, lleva cerrada desde hace meses debido a la presencia de bacterias como Escherichia coli, asociadas a vertidos de origen fecal. Las autoridades han reconocido que el sistema de saneamiento no está preparado para gestionar el volumen actual de aguas residuales, lo que ha llevado a una situación insostenible, con graves consecuencias para la salud pública y el ecosistema costero.

Más habitantes, más presión

El aumento de la población, sumado al incremento del número de viviendas, de visitantes y a un modelo económico basado en la alta densidad de ocupación, ha multiplicado el volumen de aguas residuales generadas en las islas. Este fenómeno, conocido como “sobrecarga hídrica”, no solo sobrepasa la capacidad de las instalaciones existentes, sino que evidencia la falta de previsión y planificación a largo plazo.

En muchas zonas, las infraestructuras actuales son las mismas que se diseñaron hace décadas, cuando las condiciones demográficas y el consumo de agua eran muy diferentes. Hoy, con una población superior a los 2,2 millones de personas —a las que hay que sumar el flujo constante de turistas y el aumento del parque inmobiliario—, el sistema simplemente no aguanta y las consecuencias están a la vista.

Respuesta ciudadana

Frente a la inacción institucional, cada vez son más las voces que se alzan para exigir soluciones. En Tenerife, durante los últimos meses se han organizado concentraciones y protestas en distintos municipios para denunciar la situación de los vertidos. Grupos ecologistas, colectivos vecinales y profesionales del sector sanitario y ambiental han coincidido en su diagnóstico: es necesario un plan integral que contemple inversiones reales, soluciones técnicas eficientes y una gestión transparente del ciclo del agua.

Además, reclaman que se garantice el acceso público a la información sobre el estado de las redes, los niveles de contaminación y las medidas adoptadas. 

Consecuencias

A corto plazo, los vertidos contaminan playas y zonas de baño, obligando a su cierre. También suponen un riesgo directo para quienes entran en contacto con el agua, especialmente niños, personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados. 

A medio y largo plazo, la constante presión sobre el medio marino degrada hábitats, afecta a especies vulnerables, altera los ecosistemas costeros y pone en peligro los recursos pesqueros y la biodiversidad.

Más allá de los impactos ambientales, esta crisis revela una profunda desconexión entre la planificación urbanística, la gestión del agua y la protección del territorio. Y demuestra que no se puede seguir creciendo —ni en población ni en edificaciones— sin abordar primero las necesidades básicas de saneamiento y depuración.

Este problema no es nuevo, pero ha llegado a un punto crítico. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política, recursos adecuados y una hoja de ruta clara. Invertir en depuración, ampliar redes de alcantarillado, controlar los vertidos, sancionar las irregularidades y proteger las zonas más vulnerables no es opcional.

Lo que está en juego es la salud de la ciudadanía, la seguridad de nuestras costas y la sostenibilidad de nuestro entorno, ignorarlo y negarlo no hará que desaparezca.