Fonsalía vuelve pese al rechazo social

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El “eterno” proyecto del macropuerto de Fonsalía archivado en 2021 reaparece en la nueva Estrategia de Movilidad del Gobierno de Canarias


El Gobierno de Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa el puerto de Fonsalía, en el litoral de Guía de Isora (Tenerife). Lo ha hecho dentro del borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias, un documento de 518 páginas de la Consejería de Obras Públicas que se encuentra en fase de exposición pública.

En el documento, y concretamente en la medida 21-2, cita que Fonsalía será un “nuevo puerto” pensado para pasajeros y mercancías. Su razón de ser, según el Gobierno, sería acortar el trayecto hacia La Gomera, El Hierro y La Palma. El texto defiende que la costa de Guía de Isora está bien resguardada y queda más a mano de esas islas que Los Cristianos. Lo que no explica es por qué la solución pasa de nuevo por ocupar un espacio marino protegido, pudiéndose aplicar otras soluciones menos invasivas.

Un proyecto que ya fue rechazado

Fonsalía no es una propuesta nueva. Su tramitación comenzó unos 25 años antes de 2021 y contemplaba una inversión inicial de 200 millones de euros de dinero público. El proyecto original incluía cinco líneas de atraque para grandes buques, una dársena pesquera, 200 plazas de dique seco, 467 plazas de pantalán deportivo y más de 222.000 metros cuadrados de ocupación.

Su emplazamiento es el problema de fondo. La costa de Fonsalía forma parte de la ZEC Teno-Rasca, una franja marina que alberga cetáceos residentes, tortugas marinas y otras especies protegidas, y que se reconoce internacionalmente como espacio clave por su biodiversidad, habiendo sido declarado por la Alianza Mundial de Cetáceos como uno de los tres lugares Patrimonio de Ballenas del mundo, junto con Harvey Bay (Australia) y The Bluff (Sudáfrica). Científicos y organizaciones ecologistas alertaron del impacto del tráfico marítimo, el ruido, las obras y la pérdida de hábitat en un área que ya soporta una presión intensa.

La respuesta social fue masiva: la campaña contra el macropuerto reunió cerca de las 500.000 firmas en pocos meses y trascendió las fronteras de las islas. En octubre de 2021, el Parlamento de Canarias acordó el abandono definitivo del proyecto.

Qué dice ahora el borrador

El texto reconoce que la obra exigiría una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que debería analizar las afecciones sobre el dominio público marítimo-terrestre, los hábitats y especies marinas protegidas (cetáceos y tortugas incluidos), el paisaje costero y los recursos pesqueros. Condiciona además su viabilidad a un Plan Director Portuario específico, a su inclusión en el Plan Estratégico de Puertos Canarios 2028-2031 y a su coordinación con el planeamiento insular.

El propio documento estima un plazo mínimo de 10 a 15 años desde el inicio de los estudios previos. Fonsalía aparece también vinculado al proyecto del tren del sur, con una posible prolongación del corredor desde Costa Adeje hasta Guía de Isora.

Mientras tanto, el borrador admite que Los Cristianos sufre un cuello de botella y plantea medidas transitorias: regular el acceso de vehículos de no residentes y de carga y descarga, guaguas lanzadera, carriles específicos desde la TF-1 y gestión inteligente del tráfico. Es decir, reconoce que el problema inmediato se puede abordar sin un nuevo puerto.

Más allá de un puerto: una cuestión de modelo

La pregunta de fondo es qué modelo de isla se está planificando. Hablar de “movilidad sostenible” y, a la vez, incluir una macroinfraestructura en una zona protegida marina, junto a otras ampliaciones de infraestructuras, plantea una contradicción difícil de ignorar. Tenerife afronta problemas de vivienda, saturación viaria, presión sobre el agua y los espacios naturales, y servicios públicos tensionados. Responder a todo ello construyendo más no parece coherente con la capacidad de carga de un territorio finito.

Existen alternativas que ya se manejan en el propio borrador: optimizar lo existente, regular la demanda y planificar con límites. Y existe un antecedente que no debería olvidarse: una decisión parlamentaria tomada tras una movilización ciudadana y científica sin precedentes.

Y volvemos a la pregunta que se impone: ¿bajo qué criterios se planifica realmente la movilidad de Canarias?

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