El Cabildo de Tenerife comienza a cobrar por el acceso a determinadas rutas de senderismo del Parque Nacional del Teide.

La medida se presenta como una actuación vinculada a la protección del espacio natural, pero no afronta el principal problema que sufre el parque desde hace años: la masificación y la presión constante sobre un territorio extremadamente frágil.

El Teide recibe millones de visitas anuales y soporta un uso intensivo que afecta tanto a sus valores ecológicos como a su propia función como Parque Nacional. Sin embargo, el sistema de cobro solo se aplica a un número muy reducido de senderos, que representan una parte mínima del total de personas que acceden al parque. La mayor parte de las visitas se concentran en carreteras, aparcamientos, miradores, el teleférico y zonas de libre acceso, sin que exista un control real del volumen diario de visitantes.

Una medida insuficiente

El cobro por determinadas rutas no reduce el número total de personas que acceden al Parque Nacional ni limita la presión sobre los puntos más saturados. La congestión del tráfico, la ocupación constante de aparcamientos y la degradación del entorno continúan siendo habituales, especialmente en fines de semana y temporadas de alta afluencia.

Este enfoque desplaza el foco del problema hacia actividades minoritarias, mientras se mantiene intacto el modelo de uso intensivo del parque. Regular solo una pequeña parte del acceso no supone una solución efectiva ni garantiza la conservación del espacio a medio y largo plazo.

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)

Más de veinte colectivos ecologistas acaban de impugnar ante los tribunales el actual Plan Rector de Uso y Gestión del Teide por considerar que no ofrece una protección real del Parque Nacional. El documento no establece límites claros de visitantes, no prioriza la reducción de la presión turística y normaliza un modelo de gestión que ha demostrado ser insostenible.

Lejos de corregir los problemas existentes, el plan consolida dinámicas que contribuyen al deterioro progresivo del espacio protegido, trasladando la idea de conservación sin introducir cambios estructurales.

El cobro por determinadas rutas puede generar ingresos, pero no sustituye a una política de conservación eficaz. Sin una reducción real de la afluencia, sin controles de acceso y sin una planificación que sitúe la protección del parque por encima de los intereses económicos, estas medidas resultan claramente insuficientes.

La conservación de un Parque Nacional no puede basarse en soluciones parciales ni en decisiones que no abordan el problema de fondo. Proteger implica asumir que existen límites físicos y ecológicos que deben respetarse.

Garantizar el futuro del Parque Nacional del Teide exige reducir la presión sobre el territorio, establecer límites claros de uso y replantear el modelo de gestión actual. Proteger no es poner precio al acceso, sino priorizar la conservación frente a la explotación intensiva del espacio.