Mercosur y la Unión Europea firmaron este mes de enero el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo.

El Tratado entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) suele presentarse como un acuerdo comercial orientado a facilitar intercambios y generar oportunidades económicas. Sin embargo, una lectura atenta muestra que no se trata de un pacto neutral ni equilibrado. Para amplios sectores del campo europeo —y de forma especialmente grave para Canarias— este tratado supone un golpe directo a la viabilidad de miles de explotaciones agrarias y a la capacidad de los territorios para decidir cómo y qué producen.

La agricultura vuelve a situarse como moneda de cambio en una negociación pensada para beneficiar a sectores industriales y exportadores con gran capacidad de influencia. Los pequeños y medianos productores, que sostienen empleo rural, paisaje y cultura alimentaria, quedan relegados a un papel secundario. No es un descuido técnico: el diseño del acuerdo asume que el sector primario puede sacrificarse sin consecuencias políticas relevantes.

Producción local frente a reglas desiguales

Uno de los pilares del problema es la profunda desigualdad en las condiciones de producción. Los alimentos que llegarían desde países del MERCOSUR se producen, en muchos casos, bajo normas laborales, ambientales y sanitarias que en Europa no serían aceptables. Jornadas excesivas, salarios precarios y escasa protección sindical conviven con el uso de sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea por sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Mientras los agricultores europeos están obligados a cumplir estándares cada vez más exigentes —con el consiguiente aumento de costes— se facilita la entrada de productos elaborados con reglas mucho más laxas. Llamar a esto “competencia” resulta engañoso: no hay igualdad cuando las normas son distintas desde el inicio.

A esta incoherencia se suma una práctica especialmente controvertida. Empresas químicas con sede en Europa exportan pesticidas que aquí están prohibidos hacia países del MERCOSUR. Posteriormente, los alimentos tratados con esas sustancias regresan al mercado europeo. Se prohíbe producir con determinados productos, pero se tolera consumirlos si vienen de fuera. El resultado es una doble moral que traslada los riesgos ambientales y sanitarios a otros territorios y los devuelve transformados en mercancía.

Canarias: vulnerabilidad agravada

En el caso de Canarias, los efectos del tratado se amplifican por condiciones estructurales bien conocidas: insularidad, mayores costes logísticos, limitación de suelo agrario, fragmentación territorial y predominio de explotaciones familiares. Aquí el impacto no es una hipótesis futura, sino la prolongación de una dinámica ya existente.

El Régimen Específico de Abastecimiento (REA), concebido para garantizar el suministro de alimentos en una región ultraperiférica, ha terminado favoreciendo de forma sistemática la importación frente a la producción local. Productos que llegan del exterior con ayudas públicas compiten en precio con alimentos producidos en el archipiélago sin las mismas ventajas. El efecto es claro: presión a la baja sobre los precios, abandono de explotaciones y pérdida de relevo generacional.

Hoy, más del 90 % de los alimentos consumidos en Canarias procede del exterior. La producción local apenas cubre una fracción mínima de las necesidades del archipiélago. Esta dependencia no es solo un problema económico: es un riesgo estratégico. Un territorio que no puede producir una parte significativa de lo que consume es más vulnerable a crisis logísticas, subidas de precios o interrupciones del suministro.

El tratado UE–MERCOSUR profundiza esta tendencia. En lugar de reforzar la resiliencia alimentaria, consolida un modelo basado en la dependencia estructural y en la sustitución de producción local por importaciones más baratas, pero con mayores costes ocultos.

Sostenibilidad declarada, efectos contrarios

Aunque el acuerdo incorpora referencias a la sostenibilidad, estas carecen de mecanismos reales de control y sanción. No existen garantías efectivas para evitar daños ambientales, ni instrumentos vinculantes que impidan prácticas que deterioran suelos, agua, biodiversidad o salud pública. Las declaraciones de principios no se traducen en obligaciones verificables.

El resultado es un modelo que incentiva la intensificación productiva en origen, externaliza los impactos ambientales y debilita a quienes producen con mayores cuidados y responsabilidades. Lejos de avanzar hacia sistemas alimentarios más seguros y equilibrados, el tratado empuja en la dirección contraria.

Canarias. Una ultraperiferia reconocida, pero no protegida

La propia Unión Europea reconoce que las regiones ultraperiféricas tienen desventajas estructurales y requieren un trato diferenciado. Sin embargo, ese reconocimiento rara vez se convierte en protección efectiva cuando se negocian acuerdos que afectan directamente a su economía. Canarias no participa en la definición de estas políticas, ni dispone de salvaguardias específicas que compensen su posición de partida.

El diseño del tratado responde a una lógica continental que ignora la realidad del campo insular. Las decisiones se toman lejos del territorio, sin conocimiento directo de sus condiciones ni de las consecuencias sociales y económicas que generan.

Una ventana de oportunidad

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto un periodo de incertidumbre. No supone su cancelación, pero sí una pausa que permite revisar su compatibilidad con los propios principios comunitarios. Para el sector primario canario, esta situación representa una oportunidad para exigir cambios de fondo.

Entre las demandas centrales destacan: la paralización del acuerdo hasta contar con garantías reales para las regiones ultraperiféricas; una reforma profunda del REA para que deje de penalizar la producción local; la prohibición de importar alimentos tratados con sustancias no autorizadas en Europa; y una apuesta decidida por políticas que fortalezcan la producción de proximidad, el relevo generacional y el uso responsable del territorio.

Conclusión

Cuestionar el Tratado UE–MERCOSUR no implica rechazar la cooperación internacional. Significa exigir reglas coherentes, justas y compatibles con la protección de la salud, el medio ambiente y la economía de los territorios. Canarias no pide privilegios, sino condiciones que le permitan seguir produciendo alimentos, sostener su campo y reducir una dependencia que hoy la hace más frágil.

Sin capacidad para producir una parte significativa de lo que se consume, no hay soberanía alimentaria ni futuro rural. Y sin territorios vivos, cualquier discurso sobre sostenibilidad queda vacío.

Cinco claves irrenunciables

1. Paralización del Tratado UE–MERCOSUR
   No puede avanzarse en este acuerdo sin garantías reales para las regiones más vulnerables. Exigimos que no se aplique —ni siquiera de forma provisional— hasta que existan salvaguardias claras, vinculantes y específicas para las regiones ultraperiféricas, y hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie.
2. Reorientación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA)
   El REA no puede seguir favoreciendo la importación que compite en desigualdad con la producción local. Las ayudas públicas deben servir para sostener a quienes producen en Canarias, no para abaratar productos que expulsan al campo canario del mercado.
3. Fin del doble rasero en el uso de fitosanitarios
   Si una sustancia no es segura para producir alimentos en Europa, tampoco debe serlo para consumir productos importados que la contienen. La protección de la salud y del medio ambiente no puede depender del origen de los alimentos.
4. Políticas públicas orientadas a la soberanía alimentaria
   Canarias necesita políticas que refuercen su capacidad productiva: apoyo a la agroecología, impulso de los circuitos cortos, defensa del suelo agrícola, fomento del consumo local y garantías de relevo generacional en el campo. Producir alimentos no puede seguir siendo una actividad marginal.
5. Aplicación efectiva del artículo 349 del TFUE
   El reconocimiento de la ultraperiferia no puede quedarse en declaraciones formales. Debe traducirse en protección real en todos los acuerdos y políticas que afecten al territorio, especialmente en materia agrícola y alimentaria.