Estas alegaciones recogen propuestas técnicas y jurídicas concretas para avanzar hacia un modelo de planificación más justo, transparente y sostenible.

Ante el proceso de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, desde la Fundación Canarina presentamos una serie de alegaciones con el objetivo de reforzar la protección del territorio, mejorar la planificación ambiental y garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible en las islas.

Estas alegaciones, basadas en el principio de precaución, la justicia ambiental y los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, se centran en cuatro ejes principales: litoral y espacios vírgenes, recuperación de zonas degradadas, planificación con seguridad jurídica y usos en suelo rústico.

1. Protección del litoral y parajes naturales vírgenes

Uno de los puntos clave es la defensa del litoral canario y sus espacios costeros no urbanizados. Para ello, se propone la creación de una subcategoría específica denominada “Zona de Protección Litoral Prioritaria”, en la que se prohíba expresamente la urbanización, salvo casos excepcionales de interés general aprobados por ley y sometidos a evaluación ambiental ordinaria.

También se reclama una moratoria para nuevos sectores urbanizables en zonas costeras, hasta que cada isla cuente con un Plan Insular de Protección Costera con evaluación ambiental estratégica. Además, se solicita incorporar planes de ordenación de recursos naturales no solo en parques o reservas, sino también en zonas de transición entre áreas urbanas y espacios protegidos.

2. Restauración de espacios ambientalmente degradados

Otro eje de las alegaciones es la necesidad de actuar sobre suelos degradados. Se plantea la creación de un Registro Autonómico de Suelos Ambientalmente Degradados y un Fondo de Compensación Ecológica Insular, financiado con las cesiones urbanísticas, para destinarlos a restauración ecológica, reforestación y adquisición de suelos para infraestructuras verdes.

Asimismo, se propone fomentar proyectos de renaturalización de zonas urbanas o rurales degradadas, mediante incentivos fiscales y subvenciones, mediante el uso de vegetación autóctona y el diseño de espacios verdes sostenibles.

3. Transparencia, planificación y seguridad jurídica

Para garantizar decisiones bien fundamentadas y con base científica, se propone que todas las nuevas reclasificaciones de suelo estén precedidas por un Índice de Sostenibilidad Territorial Municipal (ISTM), que integre variables ecológicas, sociales, climáticas y económicas.

También se solicita incorporar evaluaciones de riesgos climáticos —como la subida del nivel del mar, incendios o escasez hídrica— en todos los procesos de transformación de suelo, especialmente en zonas sensibles como costas o montes.

En línea con el Convenio de Aarhus, se pide ampliar el plazo mínimo de participación ciudadana en los procesos de planificación territorial a 30 días (frente a los 15 actuales) y eliminar el silencio administrativo positivo para usos extraordinarios en suelo rústico, por considerarlo incompatible con la protección ambiental.

4. Usos del suelo rústico y garantía de vivienda

En cuanto al suelo rústico, se aboga por limitar los usos complementarios exclusivamente a actividades agropecuarias o forestales, excluyendo los alojamientos turísticos salvo en el caso de planes especiales.

Además, se solicita que los llamados proyectos de interés insular o autonómico estén restringidos a situaciones de utilidad pública comprobada, evitando que se utilicen como vía para justificar desarrollos de carácter puramente especulativo.

En materia de vivienda, se plantea reforzar el destino del 15 % del aprovechamiento urbanístico a vivienda protegida, asegurando que se destine realmente a alquileres accesibles y no a operaciones de mercado libre.

Una visión para un futuro sostenible en Canarias

Desde la Fundación Canarina creemos que una actualización de la Ley del Suelo debe tener como eje central la protección del territorio y los bienes comunes, garantizando que las decisiones de hoy no comprometan la habitabilidad de mañana.

Estas alegaciones recogen propuestas técnicas y jurídicas concretas para avanzar hacia un modelo de planificación más justo, transparente y sostenible, que priorice la restauración del medio, la contención del urbanismo y el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno saludable.