Uno de los principales problemas detectados es la omisión de información esencial en la documentación sometida a exposición pública.

El proyecto Horizon Ocean Citizen, promovido por la empresa Underwater Gardens International, plantea la instalación de arrecifes artificiales y estaciones de monitoreo oceanográfico frente a Punta Blanca, en Guía de Isora (Tenerife). La actuación se ubica en dominio público marítimo-terrestre y dentro de un espacio incluido en la Red Natura 2000, lo que sitúa el caso en el centro del debate sobre la protección del litoral y los límites de nuevas intervenciones en espacios protegidos. 

En este contexto, presentamos alegaciones formales cuestionando tanto la tramitación del proyecto como su compatibilidad con la normativa ambiental vigente.

Falta de transparencia

Uno de los principales problemas detectados es la omisión de información esencial en la documentación sometida a exposición pública. En concreto, no se identifica la autoría ni la cualificación del estudio de impacto ambiental, lo que impide evaluar su rigor técnico y limita el derecho a una participación informada.

Esta carencia no es menor: afecta directamente a la validez del procedimiento y a la posibilidad de analizar con garantías los impactos del proyecto. 

Fragmentación y evaluación ambiental insuficiente

En las alegaciones señalamos que el proyecto se presenta como una actuación aislada, cuando podría formar parte de una iniciativa de mayor alcance. Esta forma de plantearlo permitiría evitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria, más exigente, y someterlo a un procedimiento simplificado.

La jurisprudencia ha sido clara en este punto: los proyectos deben evaluarse en su conjunto, teniendo en cuenta sus efectos acumulativos y no como actuaciones independientes. 

Impacto en la Red Natura 2000 y riesgos para la biodiversidad marina

El proyecto se ubica en un espacio protegido de la Red Natura 2000, lo que implica obligaciones estrictas de conservación. Cualquier actuación en este tipo de áreas debe garantizar, con base científica sólida, que no se producirán efectos negativos sobre hábitats y especies protegidas.

Sin embargo, la documentación disponible no aporta esa certeza. Esta falta de garantías activa el principio de precaución, que obliga a no autorizar proyectos cuando existen dudas razonables sobre su impacto ambiental. 

¿Interés general?

La ocupación del dominio público marítimo-terrestre requiere una justificación clara de interés general. En este caso, las alegaciones cuestionan que dicha condición se cumpla, ya que el proyecto está promovido por una empresa privada y se apoya en una finalidad científica que no queda suficientemente acreditada.

Además, se apunta a una posible dimensión comercial y turística, lo que debilita la justificación de utilidad pública necesaria para intervenir en un espacio protegido. 

Uso del litoral y límites

Más allá del expediente concreto, el proyecto Horizon Ocean Citizen abre un debate más amplio sobre el modelo territorial en Canarias. La implantación de nuevas actividades en espacios protegidos plantea preguntas sobre los límites del desarrollo, el uso del espacio marino y la utilización de conceptos como “ciencia” o “restauración” para legitimar este tipo de intervenciones.