La especulación inmobiliaria, el auge del alquiler vacacional y la falta de regulación han convertido la vivienda en un lujo inaccesible para la población canaria.

En los últimos años, Canarias ha experimentado una grave crisis habitacional. Mientras los salarios siguen estancados y la precariedad laboral aumenta, el precio de la vivienda se ha disparado, expulsando a la población local de sus propios barrios y pueblos.

Cifras insostenibles

Los datos no dejan lugar a dudas:

• En 2023, el precio del alquiler en Canarias aumentó un 18,5%, situándose entre los más altos del Estado español.
• Más del 42% de la población canaria tiene dificultades para acceder a una vivienda digna.
• En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los precios del alquiler superan el 50% del salario medio.
• Mientras tanto, casi un 20% de las viviendas en Canarias están vacías o destinadas al alquiler turístico.

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que está siendo arrebatado a la población local a causa de la especulación, el turismo masivo y la falta de políticas efectivas.

Alquiler vacacional y gentrificación

Uno de los principales factores que han disparado los precios de la vivienda en Canarias es la proliferación del alquiler vacacional. Plataformas como Airbnb han facilitado que cada vez más propietarios destinen sus inmuebles al turismo, reduciendo drásticamente la oferta de alquiler residencial.

En zonas como el sur de Tenerife o Lanzarote, la situación es aún más crítica:

• En algunos municipios turísticos, hasta el 40% de las viviendas están destinadas al alquiler vacacional.
• Los precios han subido de forma desproporcionada, dejando a la población local sin opciones de alquilar o comprar una vivienda.
• La gentrificación ha transformado barrios enteros, como Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), expulsando a las personas residentes y convirtiéndolas en espacios exclusivos para visitantes.

Más cemento, menos vivienda

Lejos de apostar por soluciones para la crisis de la vivienda, las administraciones siguen promoviendo macroproyectos urbanísticos que no benefician a la población local.

Ejemplos como Cuna del Alma en Tenerife o la expansión de urbanizaciones de lujo en Fuerteventura y La Palma demuestran que el modelo actual sigue priorizando la especulación y el beneficio de grandes inversores sobre las necesidades reales de la ciudadanía.

Mientras miles de familias canarias tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible, las grúas y excavadoras trabajan para levantar hoteles, villas de lujo y apartamentos turísticos que no están pensados para la población local sino para el beneficio de unos pocos.

¿Para quién se construye en Canarias? 

¿Qué se puede hacer?

Desde la Fundación Canarina proponemos medidas urgentes que pongan freno a la crisis habitacional:

• Regulación del alquiler vacacional para evitar que toda la oferta de vivienda termine en manos del turismo.
• Impuestos a las viviendas vacías para incentivar su uso como residencias habituales.
• Mejoras en la ley para paliar la inseguridad jurídica que experimentan los propietarios de viviendas
• Límites a la especulación y restricciones a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y personas no residentes.
• Vivienda pública, empleando las miles de viviendas vacías de las islas, y alquileres sociales para garantizar el acceso a un hogar digno.

La falta de regulación y la pasividad de las administraciones públicas está convirtiendo Canarias en un paraíso solo para inversores y turistas, mientras la población local es expulsada de su propio territorio. La vivienda es un derecho, no un negocio.