El actual modelo de crecimiento ha desbordado la capacidad social, ecológica y territorial de Canarias.

Un modelo que ha superado los límites

Canarias no puede seguir creciendo indefinidamente sin que colapsen los servicios públicos, se deteriore el acceso a la vivienda y se debilite la cohesión social. El Archipiélago es un territorio limitado, con recursos finitos y una capacidad real que ya está siendo superada por un crecimiento continuo de población y actividad.

Planificación frente a especulación

Ante esta realidad, la Ley de Residencia plantea la posibilidad de regular la residencia efectiva, priorizando a quienes ya viven y están arraigados en las islas frente a dinámicas especulativas o procesos de desplazamiento de la población local. No se trata de una medida identitaria ni excluyente, sino de una herramienta para proteger derechos y garantizar el arraigo en el territorio.

La propuesta responde a la necesidad de dotar a Canarias de herramientas urgentes de planificación. En este marco, se plantea frenar la compra y el uso de la vivienda con fines no residenciales, evitar la expulsión de la población local y garantizar que cualquier crecimiento esté condicionado a la capacidad real del Archipiélago.

Cambiar el modelo de desarrollo

Asumir los límites del territorio implica dejar de basar el desarrollo en el crecimiento permanente de población y turismo. Regular quién puede residir en Canarias, en qué condiciones y con qué prioridades forma parte de un cambio de enfoque que sitúa en el centro el bienestar de la población canaria.

La Ley de Residencia se entiende, en definitiva, como una herramienta para proteger derechos, ordenar el territorio y frenar un modelo de desarrollo que ha demostrado ser social y medioambientalmente insostenible.